- Compañeros miembros del Comité Político y del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana; Pueblo Dominicano: Es esta, la primera vez que tengo el honor y el privilegio de dirigirme a ustedes luego de la culminación del pasado período constitucional, y de haber asumido la Presidencia de la República, el compañero y amigo, licenciado Danilo Medina. Habría sido mi deseo, por estos tiempos, permanecer en un segundo plano, al margen del debate nacional, y sólo limitarme, en mi calidad de Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, a estimular y apoyar las medidas de las actuales autoridades gubernamentales encaminadas a promover el progreso y el bienestar de nuestro pueblo. Sin embargo, la manera sinuosa en que desde cierta parcela de la opinión pública nacional se ha venido abordando el tema relativo a la reforma fiscal, recientemente convertida en ley, me impulsa a formular algunas aclaraciones que espero contribuyan a despejar confusiones en determinados ámbitos de la sociedad dominicana.
Estoy consciente del legítimo derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de albergar alguna preocupación, dudas, temores o interrogantes en torno a la referida reforma fiscal, pero sobre ese particular, lo primero que quisiera empezar por decir es que la idea de una reforma fiscal no surgió al azar, de manera imprevista o sorpresiva, sino que fue parte de las consultas, del diálogo y del esfuerzo de concertación que durante dos años se realizó con distintos sectores de la vida nacional en relación con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
En esa estrategia, inclusive, se acordó suscribir un acuerdo o pacto con respecto a tres áreas sensitivas del país: la educación, el sector eléctrico y el sistema fiscal. Tal como lo recuerda el primer considerando de la recién aprobada Ley de Reforma Fiscal, en enero de este año 2012 fue promulgada la ley No. 1-12, que consigna la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y en la misma se indica “La necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral.” En el artículo 36 de la referida ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se precisa, entre otros elementos, que “El pacto fiscal implicará que en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.” Es decir, en la Estrategia Nacional de Desarrollo ya se hablaba de un pacto fiscal, orientado, entre otros factores, a elevar la presión tributaria. Por su parte, en un informe del Fondo Monetario Internacional, de fecha 13 de diciembre del 2011, bajo el título de, Medidas Tributarias para el Ajuste Fiscal, se indica que:
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